20171005. CARLOS MALPICA FAUSTOR. ARTÍCULO. EL 5 DE OCTUBRE ES EL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

EL 5 DE OCTUBRE ES EL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Lima, jueves 5 de octubre de 2017

Hoy es el Día Mundial de los Docentes:

Boletín UNESCO:

http://es.unesco.org/themes/docentes/dia-mundial-docentes

Mensaje conjunto 2017:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002592/259268s.pdf

Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966) y Recomendación de la UNESCO de 1997 relativa a la Condición del Personal docente de la Enseñanza Superior

– Folleto informativo y guía del usuario:

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495s.pdf

Textos en la Red:

– El texto completo de la Recomendación de la OIT y la UNESCO de 1966
relativa a la situación del personal docente:
– El texto completo de la Recomendación de la UNESCO de 1997 relativa a
la Condición del Personal docente de la Enseñanza Superior:
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
– Información sobre el CEART, comprendido el texto íntegro de sus informes
desde 1997:

Mi saludo fraterno a todos los colegas.

Carlos Malpica Faustor

Más información en: https://cnmalpica.wordpress.com

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20171002. CARLOS MALPICA FAUSTOR. EL PERÚ NECESITA POLÍTICAS, SISTEMAS Y PLANES PARA AFRONTAR GRANDES DESASTRES NATURALES. NO BASTA UN PLAN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS.

EL PERÚ NECESITA POLÍTICAS, SISTEMAS Y PLANES PARA AFRONTAR GRANDES DESASTRES NATURALES. NO BASTA UN PLAN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS.

Carlos Malpica Faustor

carlos@malpica.net

Lima, lunes 2 de octubre de 2017

La anunciada “Reconstrucción con Cambios” (normada por la Ley 30556) cuenta ya con un Plan (aprobado por el Decreto Supremo 091-2017-PCM) que se concentra en obras físicas (reconstrucción de “infraestructuras afectadas”) por un considerable monto de casi veinte mil millones de soles, para una sola región del país, la afectada por El Niño 2017. Dicho Plan no incluye un calendario de ejecución; pero el Proyecto de Presupuesto del Ejecutivo para el 2018 contempla una previsión de siete mil millones de soles.

El Gobierno no debe seguir aplicando en el futuro solamente un enfoque RETROACTIVO, temporal, localizado e incompleto, ante cada caso que se nos presente (como en el terremoto y aluvión de Ancash en 1970 y el terremoto de Ica en 2007).

¿No haremos nada en el resto del país hasta que se produzca un nuevo desastre natural de grandes proporciones? Se requiere un enfoque PROACTIVO. Las inversiones y gastos de previsión y prevención, además de las obras, deben incluirse ya en el Presupuesto 2018, pues nos ahorrarían futuros grandes sufrimientos y gastos muchos mayores de socorro y rehabilitación.

El Perú requiere una VISIÓN sistémica y una POLÍTICA permanente de protección frente a los desastres naturales que amenazan inexorablemente a las poblaciones, infraestructuras y servicios esenciales, en todas las regiones del país. Contamos con LECCIONES del pasado y con una serie de INSTITUCIONES, públicas y privadas que deben ser potenciadas y funcionar como un SISTEMA.

Se requiere acciones multisectoriales y multiregionales, articuladas en EJES estratégicos, tales como:

  1. Políticas de PREVISIÓN de futuros desastres (estudios e investigaciones, sistemas de información y comunicación e inversiones)
  2. Políticas de PREVENCIÓN para evitar y limitar los daños (educación y cultura de prevención, y organización e inversiones en infraestructuras, servicios, equipos y capacitación)
  3. Sistemas de SOCORRO y de protección de los damnificados (atención de emergencias, y movilización social y económica, nacional e internacional)
  4. Programas de REHABILITACIÓN (inmediatos y de corto plazo para asistir y proveer salud, alimentación y ocupación a la población organizada, y para restaurar rápidamente los servicios y actividades sociales y económicas)
  5. Planes de DESARROLLO (sistemas de planificación, inversiones y presupuesto para el desarrollo económico y social a corto, mediano y largo plazo)

La propia Ley 30556 y el Decreto Supremo 091-2017-PCM contienen importantes elementos que pueden servir de base para la elaboración y gestión de un enfoque sistémico general que sirva para la elaboración de tales políticas y planes.

Carlos Malpica Faustor

Miembro del Consejo Directivo (1970-1972) de CRYRZA

(Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada por el terremoto del 31 de mayo de 1970)

Más información en: https://cnmalpica.wordpress.com

REFERENCIAS:

Ley 30556:

http://www.leyes.congreso.gob.pe/LeyNume_1p.aspx?xEstado=2&xTipoNorma=0&xTipoBusqueda=4&xFechaI=&xFechaF=&xTexto=&xOrden=0&xNormaI=30556&xNormaF=

Decreto Supremo 091-2017-PCM:

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-de-la-reconstruccion-al-decreto-supremo-n-091-2017-pcm-1564235-1/

 

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20170920. CARLOS MALPICA FAUSTOR. HISTÓRICA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ORDENA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN AL 2021 QUE ASEGURE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS RURALES DE EXTREMA POBREZA, DÁNDOLE CUENTA CADA SEIS MESES.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ORDENA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN AL 2021 QUE ASEGURE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS RURALES DE EXTREMA POBREZA, DÁNDOLE CUENTA CADA SEIS MESES.

Lima, 20 de setiembre de 2017

Histórica Sentencia del Tribunal Constitucional (EXP N° 00853-2015-PA/TC de fecha 14 de marzo de 2017):

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/00853-2015-AA.pdf

“El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

(…)

  1. Declarar un estado de cosas inconstitucional en el caso de la disponibilidad y accesibilidad a la educación de personas de extrema pobreza del ámbito rural.
  2. Ordenar al Ministerio de Educación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que en un plazo máximo de cuatro años que vencería el 28 de julio de 2021, año del bicentenario, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad, de extrema pobreza del ámbito rural, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica.
  3. Disponer que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Legislativo, realice las gestiones pertinentes que tiendan al aseguramiento de dicho plan de acción.
  4. Ordenar al Ministerio de Educación informe al Tribunal Constitucional, cada 6 meses, el avance de lo dispuesto en la presente sentencia.

(…)”

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20160225. CARLOS MALPICA FAUSTOR. SEXTA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ENCINAS 2016. VIDEO. ENTREVISTA. PRESUPUESTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

Sexta Conferencia Internacional de Educación Encinas 2016

Lima, 25 de febrero de 2016

Entrevista a Carlos Malpica Faustor

Ex Ministro de Educación 2003-2004

Tema : Presupuesto Público de Educación

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ogc99dGdBZE

 

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20170903. CARLOS MALPICA FAUSTOR. ARTÍCULO. PREVISIÓN, PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE HUELGAS QUE AFECTEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE SINDICACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Lima, domingo 3 de setiembre de 2017

PREVISIÓN, PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE HUELGAS QUE AFECTEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, A LA LUZ DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES DE SINDICACIÓN, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Carlos Malpica Faustor

carlos@malpica.net

Un día como hoy, 3 de setiembre, el año 2015, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional dictó una histórica sentencia (en relación con los Expedientes 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC):

http://gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/1/111684.pdf

En ella reconoce el Tribunal Constitucional el derecho de los trabajadores de la Administración Pública a la negociación colectiva de acuerdos que impliquen incrementos remunerativos, y exhorta al Congreso de la República a aprobar la norma que regule dichas negociaciones:

Fundamento 42 de la Sentencia:

El artículo 28 de la Constitución, en su parte pertinente, establece que “El Estado reconoce (a los trabajadores en general) los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga”. Por su parte, el artículo 42 de la Constitución precisa, en relación con los servidores públicos, que a estos se les reconoce “los derechos de sindicación y huelga“.

Fallo

III. FALLO 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO

1. Declarar INCONSTITUCIONAL la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la Administración Pública contenida en las disposiciones impugnadas; en consecuencia, FUNDADAS EN PARTE, por el fondo, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 6 de la Ley 29951, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; por tanto, se declara: 

a) INCONSTITUCIONALES las expresiones “[…] beneficios de toda índole […]° y “[…] mecanismo […]”, en la medida en que no se puede prohibir de modo absoluto el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva en la Administración Pública que implique acuerdos relativos a los incrementos remunerativos; y, 

b) INCONSTITUCIONAL, por conexión, y por reflejar una situación de hecho inconstitucional, la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales contenida en los artículos 6 de la Ley 30114, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y 6 de la Ley 30182, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. 

2. EXHORTAR al Congreso de la República a que, en el marco de sus atribuciones y, conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la presente sentencia, apruebe la regulación de la negociación colectiva acotada, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del cual se decreta la vacatio sententiae del punto resolutivo N° 1 de esta sentencia.”

Sin embargo, hasta la fecha el Congreso no ha aprobado la mencionada regulación, pese a que el Tribunal Constitucional reiteró su exhortación el año 2016.

Como antecedente cabe destacar la importante Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 12 de agosto de 2005:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html

En ella el Pleno del Tribunal Constitucional resuelve:

4.      EXHORTAR  al Congreso de la República para que con el carácter de prioritario y urgente apruebe, en la presente legislatura, las leyes complementarias a la Ley Marco del   Empleo  Público  a  fin  de  iniciar la  uniformidad,  equidad  y  modernización  del empleo público, elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública.

5.      DECLARAR que, de acuerdo a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, los derechos laborales de los trabajadores, como los de sindicación, negociación colectiva y huelga previstos en el artículo 28° de dicho texto, deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 8° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales o Culturales o “Protocolo de San Salvador”; el Convenio 87 de la OIT  relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación; el artículo  6°  del Convenio N.° 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva; y el Convenio N.° 151 de la OIT, relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, entre otros tratados de derechos humanos. 

 El tema es de interés y urgencia en la presente coyuntura, dada la proliferación de paros y huelgas de servidores públicos a nivel nacional y regional; la formación de frentes de lucha que se sobreponen a los sindicatos formales y a la declaración de la ilegalidad de las huelgas; los problemas de formalización de los sindicatos (inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales del Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo. Ley 27556) y de su funcionamiento, y la proliferación de mesas de diálogo que no pueden sustituir a las negociaciones colectivas.

La confrontación de las demandas de mejora de las condiciones laborales (que incluyen las remuneraciones) de los servidores públicos (activos y cesantes) y de sus reclamos de adeudos (devengados e intereses), con los ofertas del Gobierno incluidas en su Proyecto de Presupuesto 2018 puede generar problemas en momentos en que el Congreso inicia el procesamiento de dicho Proyecto, que ha recibido hace tres días. Según la Constitución los congresistas no tienen iniciativa de gasto; sin embargo, es previsible una confrontación entre el Gobierno (liderado por el Ministro de Economía y Finanzas) y la mayoría de oposición en el Congreso (liderada por el Presidente de la Comisión de Presupuesto).

Quizás el caso más complejo y sensible en el Presupuesto 2018 será el del Sector Educación, que tiene una participación inferior a los dos últimos años, en porcentaje en el monto total del presupuesto y respecto al PBI, y, consecuentemente, representa una reducción del monto de la inversión por alumno.

Esto incumple mandatos de la Constitución:

Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República” (art. 16)

y de la Ley General de Educación (ley de desarrollo constitucional):

Anualmente el Estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la educación estatal. La inversión por alumno se incrementa a precios constantes” (art. 83).

El incremento del presupuesto destinado a la educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la presente ley, se realizará progresivamente” (Tercera de las disposiciones complementarias y transitorias).

Sobre esta problemática he formulado propuestas en tres artículos recientes con particular referencia al caso del Sector Educación y del Magisterio Nacional:

https://cnmalpica.wordpress.com/2015/08/15/20150812-carlos-malpica-faustor-articulo-sobre-el-derecho-del-magisterio-a-la-negociacion-colectiva-de-sus-condiciones-de-trabajo-y-empleo/

https://cnmalpica.wordpress.com/2015/09/20/20150918-carlos-malpica-faustor-sentencia-historica-del-tribunal-constitucional-sobre-el-derecho-del-magisterio-y-de-todos-los-trabajadores-estatales-a-la-negociacion-colectiva-de-sus-incrementos-sa/

https://cnmalpica.wordpress.com/2017/07/25/20170725-carlos-malpica-faustor-huelgas-de-los-servidores-publicos-y-el-congreso-no-cumple-con-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-lo-exhorta-a-regular-el-derecho-de-negociacion-c/

El último de ellos guarda relación con la grave paralización de clases que ha afectado por dos meses a más de dos millones de estudiantes de las escuelas públicas del nivel de la Educación Básica. El fin de este episodio de emergencia educativa, que ha durado demasiado tiempo (porque ha sido mal gestionado), no significa ni que los problemas de condiciones laborales y remuneraciones de los docentes han sido resueltos, ni que los conflictos no volverán a producirse. Solamente se ha suspendido la huelga y los líderes del movimiento de las llamadas bases regionales han advertido que mantienen sus demandas no satisfechas, que van a formar y formalizar su propia organización sindical (desafiando al Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP) como una Federación de Sindicatos Regionales, y, finalmente, que “la lucha continúa“.

La confrontación entre el Ministerio de Educación y el Magisterio Nacional (frecuente a lo largo de nuestra historia) ha alcanzado esta vez las características de un desastre nacional, por su alto costo y repercusiones sociales y económicas y por los daños producidos (particularmente en perjuicio de los estudiantes y de las familias), solamente comparable con los desastres naturales regionales de 1970 (terremoto y aluvión de Ancash), 2007 (terremoto de Ica) y 2017 (Niño Costero).

La lección histórica es que se requiere políticas, planes, estrategias, presupuestos, programas, proyectos y capacitación,  para superar la grave crisis que afecta al Sistema Educativo Nacional, que son problemas tanto de gobernanza como de gobernabilidad.

Hay que desarrollar ejes de acción estratégica (de corto, mediano y largo plazo), destinadas a prever, prevenir, socorrer, rehabilitar, reconstruir e innovar; en cuya formulación, implementación, evaluación y retroalimentación, se requiere la participación de las comunidades educativas (Consejos Educativos Institucionales, Consejos Participativos Locales y Regionales de Educación, Consejo Nacional de Educación)  y acuerdos entre autoridades, servidores públicos y las organizaciones sociales y económicas (de nivel regional y nacional), dentro de los marcos del Estado de Derecho, de una creciente democratización y del proceso gradual de descentralización iniciado el año 2002.

El objetivo general ha sido formulado, ampliamente consensuado y acordado: asegurar una educación permanente y de calidad para todos. Las orientaciones fundamentales están contenidas en la Constitución y en la Ley General de Educación, que es ley de desarrollo constitucional. Solamente nos falta ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente para lograrlo.

Más información en: https://cnmalpica.wordpress.com

 

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20170825. CARLOS MALPICA FAUSTOR. ARTÍCULO. SOLUCIONAR LA CONTROVERSIA SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PODRÍA COMENZAR DEROGANDO EL INCISO C DEL ARTÍCULO 53° DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL

SOLUCIONAR LA CONTROVERSIA SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PODRÍA COMENZAR DEROGANDO EL INCISO C DEL ARTÍCULO 53° DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL

Carlos Malpica Faustor

carlos@malpica.net

La dirigencia de la huelga magisterial demanda que “la evaluación del desempeño docente” no sea “punitiva” y que respete la “estabilidad laboral”. La Ministra de Educación promete que dicha evaluación será “formativa”. El Presidente de la República declaró el 22 de agosto en Moquegua: “Este sistema de evaluaciones, que parece estar al centro de la huelga, es algo que no se puede eliminar, quizás algunos cambios se pueden hacer, pero ese es el tema central que tenemos que discutir”.

Para esa discusión propongo considerar seis puntos:

1.- La evaluación de los docentes es obligatoria por mandato expreso de la Constitución:

“Artículo 15.- El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública … El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes”

2.-  La Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, establece cuatro tipos de evaluaciones:

Artículo 13.- De las evaluaciones en la Carrera Pública Magisterial … 

  1. Evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial. 
  2. Evaluación del desempeño docente. 
  3. Evaluación para el ascenso. 
  4. Evaluación para acceder a cargos en las áreas de desempeño laboral“.

3.- La controversia actual es respecto a la “evaluación del desempeño docente”

4.- La Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, norma las evaluaciones docentes:

4.1.- Normas generales para todas las evaluaciones: (artículos 15 y 16)

Artículo 15.- Rectoría del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación establece la política y las normas de evaluación docente, y formula los indicadores e instrumentos de evaluación … El Ministerio de Educación puede suscribir convenios con universidades públicas y privadas debidamente acreditadas, para la ejecución de los procesos de evaluación docente. Los gobiernos regionales supervisan, en su jurisdicción, el desarrollo de estas evaluaciones”. 

“Artículo 16.- Conformación de los Comités de Vigilancia de los procesos de evaluación

Para los procesos de evaluación, la Dirección Regional de Educación constituye los Comités de Vigilancia, integrados por un representante de la Dirección Regional de Educación, quien lo preside, y dos representantes del Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE). A este comité se integra un representante del Ministerio de Educación”.

[El Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo 004-2013-ED, precisa: “28.2 Todas las evaluaciones tienen una finalidad fundamentalmente formativa y permiten al MINEDU y a los Gobiernos Regionales identificar las acciones de formación que resulten convenientes para promover la mejora continua del profesor, su ascenso y movilidad por las diferentes áreas de desempeño laboral que conforman la carrera”].

4.2.- Normas específicas para la evaluación del desempeño docente: (artículos 23, 24 y 25)

“Artículo 23.- Permanencia en la Carrera Pública Magisterial 

La evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia, en concordancia con el artículo 28 de la presente Ley, en la Carrera Pública Magisterial. Es obligatoria y se realiza como máximo cada tres años. Los profesores que no aprueben en la primera oportunidad reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas. Luego de esta capacitación participan en una evaluación extraordinaria. En caso de que no aprueben esta evaluación extraordinaria, nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban la segunda evaluación extraordinaria son retirados de la Carrera Pública Magisterial. Entre cada evaluación extraordinaria no puede transcurrir más de doce (12) meses. Los profesores retirados de la Carrera Pública Magisterial pueden acceder al Programa de Reconversión Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”.

“Artículo 24.- Evaluación del desempeño docente 

La evaluación de desempeño tiene como finalidad comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales del profesor en el aula, la institución educativa y la comunidad. Esta evaluación se basa en los criterios de buen desempeño docente contenidos en las políticas de evaluación establecidas por el Ministerio de Educación, lo que incluye necesariamente la evaluación del progreso de los alumnos. 

Artículo 25.- Comité de evaluación del desempeño docente 

En la evaluación del desempeño docente participa un comité de evaluación presidido por el director de la institución educativa e integrado por el subdirector o el coordinador académico del nivel y un profesor del mismo nivel educativo y al menos de una escala magisterial superior a la del evaluado“.

5.- El retiro de la Carrera Pública Magisterial de quienes desaprueban la segunda evaluación extraordinaria (que norma el artículo 23 de la Ley de Reforma Magisterial) puede interpretarse que no da término a la relación laboral del docente nombrado en concurso público, puesto que les reconoce el derecho a una reconversión laboral.

6.- Sin embargo, contradictoriamente, el artículo 53 de la misma ley, referida al término de la relación laboral, los incluye en su inciso c:

Artículo 53.- Término de la relación laboral 

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos: 

  1. Renuncia. 
  2. Destitución. 
  3. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley. 
  4. Por límite de edad, al cumplir 65 años. 
  5. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente. 
  6. Fallecimiento“.

En caso de duda sobre tal interpretación debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Constitución:

“Artículo 26.- Principios que regulan la relación laboral

En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

  1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.
  2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
  3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma”.

En resumen propongo que el Ejecutivo envíe al Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto de ley modificatoria de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el cual incluya la supresión del inciso c de su artículo 53.

Más información en: https://cnmalpica.wordpress.com

 

 

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20170808. CARLOS MALPICA FAUSTOR. ARTÍCULO SOBRE LA ACTUAL HUELGA MAGISTERIAL. “LEVANTAR LA HUELGA Y LEVANTAR TAMBIÉN AL MAGISTERIO Y A LA ESCUELA PÚBLICA”.

LEVANTAR LA HUELGA Y LEVANTAR TAMBIÉN AL MAGISTERIO Y A LA ESCUELA PÚBLICA.

Por: Carlos Malpica Faustor. carlos@malpica.net

Lima, 8 de agosto de 2017

El actual conflicto laboral entre el Ministerio de Educación y el Magisterio Nacional es de grandes proporciones y perjuicios, complejo y novedoso, y, por falta de un apropiado tratamiento, la situación se agrava y deviene cada día más imprevisible e inmanejable, involucrando de manera caótica a otros sectores y actores.

Las huelgas magisteriales han sido frecuentes en nuestro país (intervine indirecta y directamente en varias de ellas). Los principales desencadenantes han sido en las últimas décadas la pauperización de la educación pública (escuelas pobres, para los pobres, que fabrican más pobreza) y la proletarización del Magisterio (los profesionales peor remunerados del Sector Público, que reclaman derechos y adeudos del Estado por devengados e intereses).

La principal motivación ha sido el hecho histórico de que las más importantes reivindicaciones en materia de condiciones laborales y remuneraciones las ha logrado el Magisterio por la fuerza (manifestaciones, paros y huelgas, no libres de violencia y represión).

Todo ello, en el contexto de una insuficiente provisión de recursos financieros a la educación pública, que de conformidad con el Acuerdo Nacional y la Ley General de Educación debió alcanzar al 6% del PBI en el año 2012 y que en los últimos 15 años ha oscilado alrededor del 3%, sin llegar, hasta hoy, al 4%.

El actual poder adquisitivo de los maestros es la mitad del que tuvo en la década de los 70, y sus remuneraciones bordean hoy el monto de 2 salarios mínimos. Por eso muchos de ellos cuentan con otro empleo u ocupación (y son ahora menos vulnerables ante los descuentos y la supresión de contratos). En gasto por alumno (en realidad en inversión directa en el capital humano de la Nación) el Perú se disputa por los últimos puestos en la Región.

La situación de la infraestructura (locales, equipos, servicios y sistemas esenciales) de la educación pública es deplorable y se agrava cuando ocurren catástrofes naturales y no se le reconstruye en forma adecuada y oportuna; la falta de presupuesto para mantenimiento empeora más la situación.

Estamos muy lejos de lograr la meta de una educación para todos, gratuita y de calidad. Para ello un factor indispensable es que el Magisterio atraiga a los mejores egresados de la Educación Secundaria, desarrolle al máximo sus potencialidades y, mediante su carrera, promueva y retenga a los mejores.

Desde la década de los 60 los interlocutores formales en estos conflictos laborales fueron siempre el Ministerio de Educación y el SUTEP. En las circunstancias actuales ambos actores han llegado a acuerdos; pero han sido sobrepasados. Los Sindicatos Magisteriales Regionales (algunos de ellos ya inscritos en el Ministerio de Trabajo) continúan la huelga y demandan diálogo, se congregan y se orientan a crear una Confederación Nacional que se podrá inscribir también en el Ministerio de Trabajo y competir con el SUTEP y su prerrogativas actuales (el caso emblemático es la gestión de la Derrama Magisterial).

El Ministerio de Educación se ampara en un acuerdo del Presidente del Consejo de Ministros con los Gobernadores Regionales, para no tratar el conflicto con los dirigentes regionales de la huelga; pero el Presidente de la República contraría a todos ellos y anuncia que está dispuesto a recibirlos en Palacio de Gobierno, para tratar las medidas económicas que ha previsto, exigiéndoles, como única condición, el renunciar a la violencia. Es un gesto insólito, de pronóstico reservado y de alto riesgo para el Presidente de la República (como candidato firmó compromisos con la educación que debe explicar cómo cumplirlos durante su mandato), quien siendo el Jefe del Estado se involucra en un asunto que releva de la autoridad y entera responsabilidad del Gobierno (Poder Ejecutivo).

Pero no se trata solamente de resolver una emergencia; hay que poner las bases para negociar entendimientos democráticos y legales válidos, vinculantes por lo menos de aquí al 2021, dentro del contexto amplio del gobierno del Sistema Educativo Nacional. Para ello se necesitará debates y acuerdos descentralizados, y, a nivel nacional, decretos supremos (políticas sectoriales) y leyes (normas y presupuestos). Puede aplicarse la metodología ensayada en el caso de desastres naturales a partir de terremoto de 1970 (fui directivo de CRYRZA), con medidas conjuntas que cubran cuatro ámbitos: previsión, prevención, emergencia y rehabilitación.

Los derechos de sindicalización (reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la OIT y la Constitución), de negociación colectiva de condiciones laborales y remuneraciones (reconocidos por Sentencia del Tribunal Constitucional y pendientes de una norma legal) y de huelga (normados por legislación nacional) son un eje estratégico para formalizar las relaciones futuras entre el Estado y sus servidores, entre ellos el Magisterio, el grupo más numeroso de todos.

Otra línea de trabajo es la reactivación del proceso de descentralización (de los Poderes del Estado y del Presupuesto de la República) dispuesto por la reforma constitucional del año 2002, proceso que en el caso de la Educación se ha estancado y revertido en algunos aspectos. La descentralización de la educación al nivel regional es incompleta (falta la transferencia del Ministerio de Educación a la Municipalidad de Lima Metropolitana); no se ha continuado al nivel Local (las obsoletas UGEL son dependencias de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades siguen excluidas) y sufre de la alta centralización de la formulación y ejecución del Presupuesto de la República.

La gestión del Sistema Educativo Nacional tiene (Ley General de Educación) cuatro instancias: nacional, regional, local e institucional (y en cada una de ellas pueden constituirse sindicatos, federaciones y confederaciones); pero las competencias y los recursos se concentran en los dos primeros niveles. El Magisterio es nacional y la normatividad de sus condiciones laborales, régimen especial de carrera y sistemas de remuneraciones y pensiones, está altamente centralizada (por ley) en el Gobierno Nacional. Ese desorden administrativo impide una gestión apropiada del Sector.

La descentralización del presupuesto exige también una reforma importante. La Ley General de Presupuesto es una ley ordinaria (debería ser una ley orgánica) y se altera fácilmente, bajo diferentes modalidades y propósitos, en la Ley Anual de Presupuesto, en cuya formulación y aprobación tienen la voz cantante el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente de la Comisión de Presupuesto. Viví esa experiencia como directivo del Sistema Nacional de Planificación y más tarde como Ministro de Educación, cuando los mayores recursos generados por la reforma tributaria del 2003 (realizada por delegación de facultades legislativas para financiar, prioritariamente, a la educación pública) no fueron luego contemplados en la Ley de Presupuesto de 2004.

El mismo Estado que firma Contratos Leyes multianuales con las empresas privadas (obras, concesiones), no programa ni aprueba por ley las inversiones públicas que por naturaleza y monto son multianuales, de mediano y largo plazo. Eso explica, en parte (lo es también por falta de capacidades), que los Ministerios, entre ellos el de Educación que sufre grandes carencias, no alcancen a ejecutar sus presupuestos anuales.

En lo inmediato el punto más importante es que el Poder Ejecutivo anuncie los principales compromisos financieros que para el Sector Educación incluirá en su Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2018, entre ellos: incremento anual respecto al PBI (0.5%); evolución periódica del piso salarial de la Carrera Magisterial (a partir de los dos mil soles mensuales); fondos para procesos de reclutamiento, capacitación, nombramientos y ascensos; restitución de oficio de derechos y pago de devengados e intereses. Ese proyecto de ley de presupuesto debe enviarlo al Congreso, por mandato constitucional, a más tardar el día 30 del presente mes de agosto.

Para las previsiones y la coordinación de estos procesos al horizonte del año 2021, se podría constituir un Grupo de Trabajo Intersectorial, coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros (Foro del Acuerdo Nacional, CEPLAN, Descentralización, SERVIR) y con la participación, entre otros, de representantes de los sectores de Economía y Finanzas (Presupuesto), Trabajo (Sindicalización, negociaciones colectivas y huelgas), Justicia (Sistema Jurídico) y Educación (Consejo Nacional de Educación, Ley de Reforma Magisterial, remuneraciones, descentralización, participación de las organizaciones gremiales, sindicales y de las APAFAS en las comunidades educativas).

El objetivo central debe ser actualizar e implementar la Décimo Segunda Política de Estado del Acuerdo Nacional, que en lo relativo al Magisterio fijó, desde el año 2002, como un objetivo específico:

El Estado promoverá el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial mediante un pacto social que devenga en compromisos recíprocos que garanticen una óptima formación profesional, promuevan la capacitación activa al magisterio y aseguren la adecuada dotación de recursos para ello“.

Más información en https://cnmalpica.wordpress.com

 

REFERENCIAS:

Acuerdo Nacional: http://acuerdonacional.pe/

Ley General de Educación: http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resolucionesexternas/consultanormas.aspx

Ministerio de Educación: http://www.minedu.gob.pe/

SUTEP: https://www.facebook.com/censutep/

Derrama Magisterial: https://www.derrama.org.pe/principal

Compromiso Todos por una Mejor Educación. Candidato PPK:

http://peru21.pe/politica/pedro-pablo-kuczynski-firmo-compromiso-maestros-sutep-2247964

Declaración Universal de Derechos Humanos: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Artículo 23. 

(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 26.
(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

OIT: http://www.ilo.org/global/lang–es/index.htm

Tribunal Constitucional: http://www.tc.gob.pe/tc/public/

Ministerio de Economía y Finanzas:  https://www.mef.gob.pe/es/

Ley General de Presupuesto: https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/leyes/7148-ley-n-28411-2/file

CEPLAN: https://www.ceplan.gob.pe/

SERVIR: http://www.servir.gob.pe/

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: http://www2.trabajo.gob.pe/

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: https://www.minjus.gob.pe/

Consejo Nacional de Educación: http://www.cne.gob.pe/

Ley de Reforma Magisterial: http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resolucionesexternas/consultanormas.aspx

Colegio de Profesores del Perú: http://cppe.org.pe/

APAFAS: http://sistemas06.minedu.gob.pe/sinadmed_1/resolucionesexternas/consultanormas.aspx

 

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