20091023.CARLOS MALPICA FAUSTOR EXPONE EN LA CAREMA 2009 SOBRE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ

 

“ASOCIACIÓN CIVIL PRESIDENTE RAMÓN CASTILLA”

www.arcastilla.org

PRIMERA CONFERENCIA ANUAL – CAREMA 2009

LIMA, 22 Y 23 OCTUBRE DE 2009

“REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

 

“LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ”

(AYUDAS UTILIZADAS)

EXPOSITOR: CARLOS MALPICA FAUSTOR

 

 

CAREMA  2009 – Eje Temático 3:

Título: “Desarrollar una Función Pública de vocación, profesional, de calidad y libre de corrupción”.

Idea  Fuerza: “Atraer,   desarrollar, promover y retener en la Función Pública y en las Carreras Públicas a los profesionales más idóneos y eficaces”.

Temas  prioritarios parala CAREMA 2009:

Transparencia y Control Ciudadano.

Lucha contrala Corrupción.

Empleo Público y Condiciones de Trabajo.

Remuneraciones y Pensiones.

Profesionalización y Carreras Públicas.

 

 

LO “PÚBLICO” (INTERÉS GENERAL, BIEN  COMUN) NO ES SINÓNIMO DE ”OFICIAL” O  “ESTATAL”

“FUNCIÓN PÚBLICA” NO ES SINÓNIMO DE “EMPLEO  PÚBLICO”

LA FUNCIÓN PÚBLICAES “SERVICIO AL  PUEBLO”

FACTORES EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS:

  •   ORGANIZACIÓN (ESTRUCTURAS)
  •   FUNCIONAMIENTO (FUNCIONES Y PROCESOS)
  •   CARGOS (ATRIBUCIONES Y   COMPETENCIAS)
  •   SERVIDORES (OPERADORES DE LOS CARGOS Y FUNCIONES)

DIMENSIONES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • PODER (Del Estado) (Entre otros) (Incluye Fuerza Pública) (Políticas de Estado)
  • AUTORIDAD (Del Gobierno) (Sobre otros) (Incluye Gobernanza) (Políticas Gubernamentales)
  • SERVICIO (De la Administración Pública) (A otros) (Clientes: Ciudadanos)
LA FUNCIÓN PÚBLICA LA EJERCEN PERSONAS (CIUDADANOS)

EL PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Diversas denominaciones: Empleados, Funcionarios, Servidores, Trabajadores)

 

EL MODELO ACPRC PARA LA GESTIÓN DE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE SU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN CONSTRUCCIÓN) TIENE COMO NÚCLEO BÁSICO EL POLINOMIO (RELACIONES, DE MAYOR A MENOR):

PUEBLO>ESTADO>GOBIERNO>ADMINISTRACIÓN

LOS GOBIERNOS PASAN, EL ESTADO QUEDA

SERVIDOR ESTATAL≠FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL  ≠TRABAJADOR ADMINISTRATIVO

 

 

CLASIFICACIÓN BÁSICA DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • MANDATARIOS (autoridades políticas) elegidos por el
    Pueblo
  • FUNCIONARIOS (directivos) designados, de confianza del
    Gobierno
  • SERVIDORES DEL ESTADO con nombramiento (en Carreras Públicas)
  • TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA con contrato (indeterminado o temporal)
INGRESO Y PROGRESO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA:

  • RECLUTAMIENTO
  • FORMACIÓN ANTES DEL SERVICIO
  • FORMACIÓN EN EL SERVICIO

 

RÉGIMEN(ES) LABORAL(ES)

  • NORMAS GENERALES
  • ESTATUTO(S) PROPIOS
ORGANIZACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS

 

Algunos países han puesto la Función Pública a cargo de un  Ministerio, o Secretaría de Estado, a fin de revalorizarla y para recuperar la confianza ciudadana, por su contribución a la gobernabilidad y al logro de una Administración Pública para el Desarrollo, que asegure la implementación de las políticas públicas, en el contexto y el proceso de la rápida y compleja evolución de la organización y el funcionamiento de los Poderes del Estado, de los Niveles de Gobierno, y de los Sectores, Sistemas, Servicios y Órganos de la Administración Pública.

 

 

 

PONENCIA DE LA ACPRC:

CREAR EL MINISTERIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (O MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) RESPONSABLE POLÍTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN:

De los Capítulos “De la Función Pública” y “De la Descentralización” de la Constitución.

Del Convenio número 151 DE LA O.I.T. sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública: http://gencat.es/treball/doc/doc_52310550_1.pdf

Del Decreto-Ley 11377, el Decreto Legislativo 276, la Ley 28175 y los Decretos
Legislativos 1023 al 1026;

De la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26300.pdf

De la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27444.pdf

De la Ley 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27658.pdf

De la Ley27806 de Transparencia y Acceso a la  Información Pública:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27806.pdf

De la Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27815.pdf

De la Ley 28024 que Regula la Gestiónde Intereses en la Administración Pública:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28024.pdf

 

 

 

MARCO LEGAL ACTUAL DEL EMPLEO PÚBLICO:

  • CONSTITUCIÓN (1993) Y TRATADOS Y ACUERDOS        INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL PERÚ
  • DECRETO-LEY 11377 (1950)
  • DECRETO LEGISLATIVO 276 (1984)
  • LEY 28175 MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO (2007)
  • DECRETOS LEGISLATIVOS 1023 al 1026 (2007)

 

LA FUNCIÓN PÚBLICA A NIVEL CONSTITUCIONAL:

  • EN LA CONSTITUCIÓN, EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL        DE DERECHOS HUMANOS Y EN LOS TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

La Constitución de 1979 es la primera Constitución que dedica a la Función Pública un Capítulo, en el Título I: “Derechos y deberes fundamentales de la   persona”, el Capítulo VI: “Función Pública”, artículos del 58 al 63.

La Constitución de 1993 recoge ese texto, con algunas variantes, en el Título I: “De la persona y de la sociedad”. Capítulo IV: “De la Función Pública”, artículos del 39 al 42.

 

 

No existe una ley de desarrollo constitucional del Capítulo “De la Función Pública”. Hay propuestas ciudadanas y un Proyecto de Ley en el Congreso.
“En ese contexto debe elaborarse una Ley de la Función Pública en la cual se establezca nítidamente la existencia de una relación de trabajo entre los servidores públicos y su empleador el Estado peruano, con las garantías y procedimientos consagrados en la normatividad laboral vigente para todos los trabajadores del país, tanto en lo concerniente a los derechos individuales cuanto a lo referido a los derechos colectivos (libertad sindical, negociación colectiva y huelga).

Adicionalmente, esta Ley debe contemplar aspectos específicos acerca de las funciones y responsabilidades de todo aquel que presta un servicio público y cuenta por ende con prerrogativas y exigencias sólo existentes en la Administración Pública en donde se ejerce la  función de gobierno”

Patrón F, Pedro y P. Faura B.,”Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú”, octava edición, 2004.

Congreso de la República.
Proyecto UN de Reforma Constitucional del Capítulo Función Pública:

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf

 

 

 

 

Constitución
de 1979. Título I:  “Derechos y deberes fundamentales de la persona”. Capítulo VI: “Función Pública”
Constitución de 1993.
Título I: “De la persona y de la sociedad”. Capítulo IV:  “De la Función Pública”
Artículo 58. Los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación. Ningún funcionario o servidor público
puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.

Artículo 60. Un sistema único homologa las remuneraciones, bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado. La más alta jerarquía corresponde al Presidente de la República. A
continuación, a Senadores y Diputados, Ministros de Estado y Magistrados dela Corte Suprema.

Artículo 59. La ley regula lo relativo al ingreso, derechos y deberes que corresponden a los servidores públicos así como los recursos contra las resoluciones que los afectan. No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios que desempeñan
cargos políticos o de confianza, ni los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedad de economía mixta.

 

Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la
Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la
Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso,
ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los
magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual
categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley.

Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera   administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor
público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.

No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo
concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que
señala la ley, en razón de sus cargos.

 

Artículo 62. Los funcionarios y servidores públicos que determina la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por él, deben hacer declaración jurada de sus bienes
y rentas al tomar posesión y al cesar en sus cargos, y periódicamente durante el ejercicio de estos. El Fiscal de la Nación, por denuncia de cualquier persona o de
oficio, formula cargos ante el Poder Judicial cuando se presume
enriquecimiento ilícito. La ley regula la responsabilidad de los funcionarios a los que se refiere este Artículo.

 

Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala
la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos
sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

 

Artículo 61. Se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos. Esta disposición no es aplicable a los funcionarios del Estado con poder de decisión o que   desempeñen cargos de confianza ni a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

 

Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
 

Artículo 63.
Nadie puede ejercer las funciones públicas designadas en la Constitución si no
jura cumplirla. El ciudadano que no profesa creencia religiosa puede
prescindir de la invocación a Dios en su juramento.

 

 
En negrita: Disposiciones no incluidas en la Constitución de
1993
En negrita: Disposiciones no contempladas en la Constitución de
1979

 

EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993:

http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html

 

En síntesis, la actual Constitución de 1993 en su Capítulo “De la Función Pública” establece:

  • que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación;
  • que hay un orden jerárquico entre los altos  funcionarios;
  • que la Ley regula el ingreso a la carrera administrativa (en la que no están comprendidos los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza) y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores      públicos;
  • que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente;
  • que se publicará en el diario oficial, respecto a los funcionarios que señala la ley, sus ingresos (periódicamente) y sus declaraciones juradas de bienes y rentas (al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos);
  • que cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial;
  • que la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública y que el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado;
  • que con ciertas limitaciones, se reconoce los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos.

 

Nótese que la Constitución de 1993 no mantiene dos disposiciones dela Constitución de 1979 (http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1979.pdf)

  • “Un sistema único homologa las remuneraciones, bonificaciones y      pensiones de los servidores del Estado”. (Artículo 60)
  • “Nadie puede ejercer las funciones públicas designadas en la Constitución si no jura cumplirla. El ciudadano que no profesa creencia religiosa puede  prescindir de la invocación a Dios en su juramento”. (Artículo 63)

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993)

Artículo 55º.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Cuarta.- Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

http://www.un.org/es/documents/udhr/

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 (con la aprobación y firma del Perú)

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

 

CONVENIO NÚMERO 151 DE LA O.I.T.

CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICACION Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

http://gencat.es/treball/doc/doc_52310550_1.pdf

(Ratificado por la Décimoséptima de las Disposiciones Generales y Transitorias de la Constitución de 1979)

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones. Artículos 1 al 3

Parte II. Protección del Derecho de Sindicación. Artículos 4 y 5

Parte III. Facilidades que Deben Concederse a las Organizaciones de Empleados Públicos. Artículo 6

Parte IV. Procedimientos para la Determinación de las Condiciones de Empleo. Artículo 7

Parte V. Solución de Conflictos. Artículo 8

Parte VI. Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9

 

 

TRES ARTÍCULOS IMPORTANTES DEL CONVENIO 151 DE LA OIT

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de empleados públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos.

 

Artículo 7

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.

 

Artículo 8

La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados.

 

SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA  FUNCIÓN PÚBLICA

El Empleo Público y la Carrera Administrativa se rigen actualmente por la compleja, incompleta y a veces contradictoria agregación de varias leyes:

1.- Decreto-Ley 11377 (Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, promulgado el 29 de mayo de 1950; no derogado):

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/11377.pdf

Crea el Régimen Estatutario y el Sistema de Personal y de sus organismos, aún
vigentes.

[LEY 17876, publicada el 7 de noviembre de 1969. Establecen el Sistema de Remuneraciones que se aplicará a Servidores del Sector Público Nacional] (Ver art. 11 y 3ª. Disposición Transitoria, que anuncian la Clasificación de Cargos)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/17876.pdf

[DECRETO LEY 18160, publicado el 4 de marzo de 1970. Establecen el Sistema Nacional de Clasificación de Cargos en Dependencias del Sector Público]

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/18160.pdf

2.- Decreto Legislativo 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, publicada el 24 de marzo de 1984; no derogada), amparado
en la Constitución de 1979:

http://www.minsa.gob.pe/leyes/l276_lbca/index.htm

Estatuto del Servicio Civil y Régimen Laboral del Sector Público, aún vigentes; pero
ascensos y sistema de remuneraciones congelados en las dos últimas décadas.

3.- Ley 28175 (Ley Marco del Empleo Público, publicada el 20 de diciembre de 2007; no implementada), amparada enla Constitución de 1993:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28175.pdf

Principios generales y algunas normas ya vigentes, reformas institucionales aún no
implementadas, y anuncio de cinco leyes de desarrollo cuyos proyectos, formulados por el Poder Ejecutivo, siguen pendientes de aprobación en el Congreso de la República:

  • Ley de la Carrera del Servidor Público
  • Ley de los Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza
  • Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público
  • Ley de Gestión del Empleo Público
  • Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades.

4.- DECRETOS LEGISLATIVOS 1023 AL 1026

[La Ley29157, publicada el 20 de diciembre de 2007: DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD DE LEGISLAR SOBRE DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ – ESTADOS UNIDOS, Y CON EL APOYO A LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA PARA SU APROVECHAMIENTO]

  • Decreto Legislativo 1023, que crea la  Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01023.pdf

  • Decreto Legislativo 1024, que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01024.pdf

  • Decreto Legislativo 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el Sector Público

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01025.pdf

  • Decreto Legislativo 1026, que establece un régimen especial facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de modernización institucional integral

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01026.pdf


LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

 

Decreto-Ley 11377

“ Estatuto y Escalafón del Servicio Civil ”

Decreto Legislativo 276

“ Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones“

Constitución
de 1993
:

Capítulo:  “De la Función Pública”

Ley 28175:

 

“ Ley Marco del Empleo Público”

Clases

de
empleados

Grupos Ocupacionales

de los servidores públicos estables

Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores
públicos
están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más
alta jerarquía en el servicio a la
Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso,
ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los
magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual
categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de
acuerdo a ley.

Artículo 40°.- La ley regula el ingreso a la carrera
administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores
públicos
. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que
desempeñan cargos políticos o de confianza
… No están comprendidos en la
función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de
sociedades de economía mixta
.

Es obligatoria
la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo
concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos
que señala la ley, en razón de sus cargos.

Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y
huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios
del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

 

[En negrita: Disposiciones no contempladas en la Constitución de
1979]

Clasificación

del
personal del empleo público

Criterio:

modalidad laboral

Criterio:

niveles de educación y formación

Criterio:

mixto:
funcional, laboral, ocupacional

De
carrera
:

Oficial (1 al 9)

Auxiliar (1 al 9)

Ayudante (1 al 9)

A
contrata

Adscritos

De
servicio

Profesional: (8 niveles)

con título profesional o grado académico de Universidades e
Institutos Superiores Tecnológicos.

 

Técnico: (10 niveles)

con formación superior o universitaria incompleta o capacitación
tecnológica o experiencia técnica reconocida.

 

Auxiliar: (7 niveles)

con educación secundaria y experiencia o calificación para realizar
labores de apoyo.

 

Funcionario Público

 

Empleado de Confianza

 

Servidor Público:

(incluidos en la “Ley de Carrera del Servidor Público”):

 

-Directivo
Superior

A este grupo se
ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y
especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la
entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo
ocupacional
. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo
anterior puede ser designada o removida libremente por el titular de la
entidad” …

 

-Ejecutivo

(Grupo ocupacional)

 

-Especialista

(Grupo ocupacional)

 

-De apoyo

(Grupo Ocupacional)

Ver CINE-UNESCO, “Clasificación Internacional Normalizada dela Educación 1997”:

http://www.iesalc.unesco.org.ve/sid/documentosunesco/Clasific.%20Int.%20Normalizada%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf

 

Ver OIT “Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones”:

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm

 


LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Decreto-Ley 11377: “
Estatuto y Escalafón del Servicio Civil ”

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/11377.pdf

Clases de empleados (Criterio: modalidad laboral)

“Art. 6º.- Se consideran cuatro clases de Empleados Públicos:

a) Empleados de carrera, aquellos cuyos cargos y empleos tengan
carácter estable y cuya situación esté expresamente indicada en el presente
Estatuto …

b) Empleados a contrata, los que desempeñan cargos con carácter
transitorio;

c) Empleados adscritos

d) Personal del Servicio Interno” …

“Art. 7º.- La función de los empleados públicos a que se refiere el inciso a) del
artículo 6 constituye Carrera Pública, con los derechos y obligaciones que
acuerda el presente Estatuto” …

“Art. 20º.- Establécese el siguiente Cuadro de Categorías para los servidores civiles
de carrera”
:

Oficial: del 1 al 9; Auxiliar: del 1 al 9; Ayudante: del 1 al 9.

 

Decreto Legislativo 276: “ Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones “

http://www.minsa.gob.pe/leyes/l276_lbca/index.htm

Grupos Ocupacionales de los servidores públicos estables:

Criterio: niveles de educación/formación

[Ver al respecto la CINE-UNESCO, “Clasificación Internacional Normalizada dela Educación1997”, dela UNESCO:

http://www.iesalc.unesco.org.ve/sid/documentosunesco/Clasific.%20Int.%20Normalizada%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf ]

  • Profesional: con título profesional o grado académico de Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos.
  • Técnico: con formación superior o universitaria incompleta o capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida.
  • Auxiliar: con educación secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo.

Niveles de la Carrera:

“Artículo 10º.- La Carrera comprende catorce (14) niveles. Al Grupo Profesional le corresponde los ocho (8) niveles superiores; al Grupo Técnico, los diez (10) niveles comprendidos entre el tercero y el décimo segundo; al Grupo Auxiliar, los siete (7) niveles inferiores”.

 

Ley 28175: “Ley Marco del Empleo Público”

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28175.pdf

Clasificación del personal del empleo público:

Criterio mixto: funcional, laboral, ocupacional

Clasificación del personal del empleo público:

Funcionario Público

Empleado de Confianza

Servidor Público:  (incluidos en la “Ley de Carrera del Servidor Público”)

  • Directivo Superior: “desarrolla funciones administrativas relativas
    a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. A este grupo se ingresa por concurso de méritos y capacidades de los servidores ejecutivos y especialistas, su porcentaje no excederá del 10% del total de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo da lugar al regreso a su grupo ocupacional. Una quinta parte del porcentaje referido en el párrafo anterior puede ser designada o removida libremente por el titular de la entidad” …
  • Ejecutivo: “desarrolla funciones administrativas, entiéndese por ellas al ejercicio de autoridad, de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, fiscalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas. Conforman un grupo ocupacional”.
  • Especialista: “que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función administrativa. Conforman un grupo ocupacional”.
  • De apoyo: “que desarrolla labores auxiliares de apoyo y/o complemento. Conforman un grupo ocupacional”.

 

EVOLUCIÓN DE LAS CARRERAS PÚBLICAS CIVILES:

 

1.- MAGISTERIAL:

  • Ley (del Presidente Castilla), de 1861;
  • Constitución de 1920 (“Art. 54º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1920.pdf

  • Constitución de 1933 (Art. 81º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1933.pdf

  • Ley 15215 del Estatuto y Escalafón del Magisterio Nacional, de 1964

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/15215.pdf

  • Constitución de 1979 (Art. 41º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1979.pdf

  • Decreto Ley 22629 de 1979

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/22629.pdf

  • Ley 24029 del Profesorado, de 1984

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/24029.pdf

modificada porla Ley 25212, de 1990

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/25212.pdf

  • Constitución de 1993 (Art. 15º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1933.pdf

  • Ley 28044 General de Educación (Art. 57º), de 2003

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28044.pdf

  • Ley 29062 modificatoria de la Ley del Profesorado, de 2007

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29062.pdf

 

2.- DIPLOMÁTICA:

  • Ley 6602 de la Carrera Diplomática, de 1929

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/06602.pdf

  • Decreto Legislativo 894, de 1996

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/00894.pdf

  • Ley 28091 del Servicio Diplomático de la  República, de 2003

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28091.pdf

 

3.- ADMINISTRATIVA:

  • Ley 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, de 1950 (artículo 7º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/11377.pdf

  • Constitución de 1979 (Art. 59º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1979.pdf

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/25333.pdf

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26488.pdf

  • Constitución de 1993 (Art.40º)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1979.pdf

  • Ley 28175 Marco del Empleo Público, de 2004 (dispone la formulación de la “Ley de la carrera del servidor público”)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28175.pdf

4.- DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD:

  • Ley 23536 (publicada el 25 de diciembre de 1982) dela Carrera de los Profesionales dela Salud, de 1982

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/23536.pdf

  • Ley 23728 (publicada el 15 de diciembre de 1983) de la Carrera de los que prestan servicios asistenciales y administrativos bajo el régimen de la 11377

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/23728.pdf

 

5.- DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA:

  • Ley 23733 (publicada el 17 de diciembre de 1983) Universitaria, y modificatorias

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/23733.pdf
 

6.- JUDICIAL:

  • Ley 29277 (publicada el 7 de noviembre de 2008) de la Carrera Judicial, (Congelada)

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29277.pdf

 

 

 

 

 

 

En   el Perú hemos ingresado al Siglo XXI dejando atrás a una dictadura; pero ocho años después, tres sucesivos gobiernos constitucionales y democráticos no han   podido aprobar una nueva “Ley General del Trabajo”;   tampoco han implementado la “Carrera Administrativa” contemplada en las Constituciones de 1979 y 1993 y ofrecida en la Ley 28175 de 2004.

Dicha Carrera Administrativa está vigente; pero sufre, durante las dos últimas décadas, sucesivas y reiteradas “congelaciones” y “postergaciones”.

Esto es, evidentemente, una de las causales principales del  deterioro del empleo público, que alcanza hoy niveles más graves que los oficialmente diagnosticados y reconocidos por el gobierno en el año 2001.

Los procesos de descentralización y regionalización, iniciados en marzo del año 2002, sus lentos y desequilibrados avances y sus retrocesos, han incrementado la complejidad del ejercicio de la Función Pública, generado descoordinaciones entre los tres niveles de gobierno.

 

EL ACUERDO NACIONAL, OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE ESTADO

El Acuerdo Nacional fijó en julio del año 2002 como Gran Objetivo un “Estado
Eficiente, Transparente y Descentralizado”, “al servicio de las personas”, “que fomente la participación ciudadana y respete la autonomía de las organizaciones
sociales”, “que faciliten el control ciudadano, erradicando toda forma de corrupción o de utilización proselitista del Estado”, “mediante la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública”.

Acuerdo Nacional: www.acuerdonacional.gob.pe

Vigésima Cuarta Política de Estado “Afirmación de un Estado eficiente y transparente”:


Con este objetivo el Estado: … (h) revalorará y fortalecerá la carrera pública
promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta
competencia y solvencia moral.

 

El estudio encargado por el BID sobre el Servicio Civil peruano como parte del diagnóstico, realizado el   2003,   arribó a las siguientes conclusiones:

  1. “El sistema se encuentra poco desarrollado, reduciéndose en la práctica a las (…) tradicionales funciones de administración del personal. El escaso o nulo desarrollo del resto de sub sistemas (de gestión) le impide aportar de manera eficaz y estratégica al mejoramiento de la calidad del desempeño del Estado peruano.
  2. La gestión de los recursos humanos en el sector público peruano se comporta básicamente de manera reactiva ante las demandas de personal de los directivos políticos o de los directivos de línea de las entidades. Dicho comportamiento no deja espacio para desarrollar una visión estratégica y de mediano plazo de la gestión de los recursos humanos.
  3. La “privatización” o “laboralización” de la administración pública        (mediante una cada vez más extendida aplicación del régimen laboral privado) responde a la búsqueda de mayor flexibilidad para ejercer eficientemente las funciones de gestión de los recursos humanos y/o a la búsqueda de mayores espacios de discrecionalidad por parte de los directivos públicos. Ello conduce sin embargo a la insularidad de las entidades que se acogen a este régimen, agravándose así la fragmentación de la cual sufre el sistema en su conjunto.
  4. Como resultado de la fragmentación normativa e institucional y de la rigidez del marco normativo de la función pública, la informalidad se ha abierto camino como alternativa para asegurar el funcionamiento de las entidades públicas en lo referente a la gestión de sus recursos humanos. La proliferación de contrataciones bajo formas poco transparentes que obvian tanto al marco legal del régimen público como del privado es la mayor manifestación de dicha informalidad.
  5. Dada la ausencia de una visión estratégica del Sistema de Servicio Civil y la debilidad de los marcos normativos y de los procedimientos formales que ebieran efectivamente regular la gestión de los recursos humanos, las prácticas gerenciales vinculadas a dicha gestión se encuentran fuertemente marcadas por dos dinámicas:
    a.  La negociación oportunista entre los actores interesados en función a sus objetivos inmediatos, dejando completamente de lado una visión de las prioridades estratégicas de las organizaciones públicas y del gobierno. La dinámica de la negociación conduce a que el sistema de prioridad a las situaciones particulares tenga elevadísimos costos de transacción y funcione con extrema ineficiencia. Por otra parte, la lógica de la negociación facilita la captura del sistema por las elites políticas y por las redes clientelares.
    b.  La implementación de arreglos institucionales específicos para determinadas entidades, pactados entre los directivos políticos y los directivos de dichas organizaciones. Cabe señalar que este tipo de arreglos ha permitido en varios casos lograr mejoramientos        sustantivos en la gestión de los recursos humanos de determinadas organizaciones, acudiendo básicamente al régimen laboral privado.
  6. El mérito y la calidad del desempeño no son criterios importantes para el funcionamiento del sistema de servicio civil en el Perú, predominando en cambio la arbitrariedad y el clientelismo. El rígido marco normativo de la función pública no ha sido suficiente para lograr que dichos criterios impregnen la gestión de los recursos humanos. Paradójicamente, la privatización de las relaciones laborales ha conducido a situaciones en las cuales el mérito y el desempeño han logrado erigirse como criterios rectores de las prácticas gerenciales de administración de los recursos humanos*.

Fuente: *Cortázar V., Juan Carlos (2003) Evaluación del Sistema de Servicio Civil en el Perú.

 

 

 

Sin embargo, las condiciones laborales en el Sector Público siguen siendo   precarias y la pauperización socio económica afecta a un gran sector de sus   trabajadores y pensionistas.
Por otro lado, hay insatisfacción de la población respecto a la disponibilidad y  calidad de los servicios públicos y rechazo a la proliferación de la corrupción, incluyendo casos graves a los más altos niveles.
Todo ello mella la imagen y afectan seriamente la valoración y el futuro de la   Función Pública.

 

 

Opción básica para descongelar y modernizar la “Carrera Administrativa”:

No por modificaciones puntuales de las normas específicas de Carrera del Decreto
Legislativo 276 (parches anacrónicos), sino por implementación progresiva de la Ley 28175, desarrollándola hasta convertirla en una “Ley General del Empleo Público”.

 

Leyes prioritarias en el proceso de implementación progresiva de la Ley 28175: (que podrían aprobarse por Decreto Legislativo)

La “Ley de la Carrera del Servidor Público” y la “Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público” (sin ascensos no hay carrera, y no hay ascensos sin mejoras
remunerativas).

 

Procesos prioritarios:

Crear los “Cuerpos de Carrera” de “Ejecutivos” y de “Especialistas”, tanto de
“Generalistas”, como de “Especialistas de los “Sistemas Administrativos”.

Reactivar la ESAP y encargarle promover los respectivos programas universitarios de Diplomados y Maestrías y, en el caso de las formaciones exigibles para ascenso, administrar programas de acreditación, certificación y becas, en coordinación con el
SINEACE – Ley 28740 (http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/28740.pdf)

 

ANTECEDENTE IMPORTANTE SOBRE LA COBERTURA DE UNA NUEVA LEY DE CARRERA DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Decreto Supremo 004-2001-TR que nombra Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación del personal dela Administración Pública Central.

INFORME Y RESUMEN EJECUTIVO:

http://www.mintra.gob.pe/leyes_com_multi.php

 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

7. Frente a este tratamiento desarticulado e inorgánico del personal del sector
público, tanto a nivel contractual como remunerativo, la Comisión recomienda:

  • La formulación de un nuevo régimen de carrera administrativa para los funcionarios y profesionales en la que se mantengan los requisitos de ingreso por concurso público de oposición, que ponga el debido énfasis en la profesionalización y se otorguen garantías de permanencia, pero adecuando las normas remunerativas y sancionatorias a un esquema más acorde con sistemas modernos de relaciones laborales. Dentro del nuevo esquema, los funcionarios y trabajadores de confianza de la Alta
    Dirección deben ser de libre contratación y remoción, y el personal técnico y auxiliar debiera estar sujeto a un sistema flexible de ingreso y salida, semejante al del régimen laboral de la actividad privada. La carrera debería estar orientada al sector profesional…
  • Las remuneraciones en el sector público deben obedecer a un esquema que guarde directa relación con el nivel de carrera, aunado éste a un correlativo cargo.
    Dentro de cada nivel también debe motivarse el ascenso remunerativo, a través de criterios de capacitación, grados académicos y evaluaciones diseñadas por el órgano de supervisión y control de la función pública. Se debería implementar, además del pago de remuneraciones vía Planilla Única (realmente única), incentivos que estén en función al mérito individual e índices de productividad con límites máximos en el monto, los cuales deben ser publicados previamente y aprobados por la entidad que centralice dicha facultad.

 

SOBRE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE LA  LEY 20530

Extractos de mi exposición en el Ministerio de Trabajo, el 22 de octubre del 2004, en un Seminario organizado por el Colegio de Abogados de Lima:

Dirigí el Sistema de Pensiones. Soy beneficiario dela Ley 20530. Cesé con rango de Viceministro.

La reforma del Sistema de pensiones del régimen de la Ley 20530 fue un tema de la
política general del Gobierno y de las principales medidas de la gestión del Gabinete Ferrero expuestas al Congreso el 13 de enero de 2004 (formé parte de dicho Gabinete como Ministro de Educación):

“Presentaremos entonces un proyecto de Ley para la reforma constitucional del régimen de pensiones de la Ley 20530, a fin de superar la falta de equidad que lo caracteriza”

En mi intervención en el Consejo de Ministros, como Ministro de Educación, en
enero de 2004, expuse, comenté, critiqué, planteé preguntas y formulé propuestas respecto al referido proyecto de ley ante la Comisión de Expertos encargada del proyecto.

En el Perú las Pensiones de Jubilación datan de la Colonia, cuando se extienden
al Virreinato los efectos de una Real Orden de fecha 8 de febrero de 1803, mediante la cual se otorgan en todo el Reino, de gracia, como un premio, como “beneficiencia” de su Majestad. Dichas Pensiones entran en aplicación mediante una Comunicación del Virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, de fecha 8 de junio de 1820.

Ya en la República el Gobierno expide, el 10 de marzo de 1841, el Reglamento del Montepío Civil,  n uso de una autorización concedida por el Congreso mediante Ley de fecha 20 de noviembre de 1839.

Las pensiones para los empleados públicos nacen como derecho en el Perú Republicano por la Ley General del 22 de enero de 1850, durante el Gobierno del Presidente Ramón Castilla. Las Pensiones de Jubilación, por edad avanzada (70 años de edad) o enfermedad crónica que les impida trabajar, y las Pensiones de Cesantía, por supresión del empleo o porque convenga al servicio subrogarles. En ambos casos las pensiones se otorgan después de siete años de servicios por el 7/30 del último haber percibido al menos por dos años seguidos, y con un incremento de 1/30 por cada año adicional hasta el sueldo íntegro. En esa Ley se establece por primera vez el
descuento general para fines pensionarios, de 4% en los haberes y en las pensiones; también se encuentra en ella los primeros atisbos de un Sistema de Carrera Administrativa y de un Tribunal dela Administración Pública.

 

1965: Renato Lértora Ginetti dice en 1965: “Todas las bases normativas del sistema actual, han sido establecidas sin estudio ni consideración técnica
alguna…..no han respondido a cálculos actuariales…..calcúlese lo que hubiera representado las sumas mencionadas
(los descuentos a los empleados por el período 1947-1962), si se hubiesen invertido en fondos mutuales o de cooperativas u otra formas de inversión reproductiva”. También recomienda la  “constitución de una caja general de pensiones que destine sus rentas en inversiones reproductivas”

Lértora Ginetti, Renato, Vademecum del Régimen de Pensiones Civiles en el Perú, Lima, ONRAP, 11 de junio de 1965 (Dirección de Capacitación, Publicación 2/65).

 

2005: 40 años más tarde, el Dr. Gonzales Ojeda, miembro del Tribunal Constitucional sostiene en su fundamento de voto de una sentencia:

“Conforme al artículo 1° de la Ley N.° 22595, el aporte para las pensiones de los trabajadores del Sector Público Nacional comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.° 20530 era equivalente al 12% del monto de las remuneraciones pensionables, del cual 6% era descontado al trabajador y 6% debía ser abonado por el Estado. Sin embargo, resulta claro que el Estado no afrontó con responsabilidad el compromiso asumido, en algunas ocasiones incumpliendo con efectuar el referido aporte, y en otras —lo que resulta más grave aún— destinando parte de los montos a fines distintos de los previsionales, a pesar de que, como resulta evidente, el Fondo Nacional de Pensiones se encontraba exclusivamente destinado a cubrir la pensiones de los ex servidores públicos”.

 

 

 

 

 

 

2009: Javier Neves Mujica, en Pensiones, Reforma y Jurisprudencia. El D.L. 20530 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. PUCP, Fondo Editorial, 2009

“Conclusiones

1.- En la configuración y desarrollo del régimen pensionario del Decreto Ley  20530, todos los actores, poderes públicos y agrupaciones sociales, han   desempeñado – muchas veces – un papel negativo, al fomentar por intereses individuales la conservación y el agrandamiento en beneficiarios y beneficios de un sistema estructuralmente desfinanciado”

 

El hoy régimen del Decreto Ley 20530 (de Cesantía, Jubilación y Montepío) fue
creado el 26 de febrero de 1974, para los servidores nombrados (permanentes) de
la  Administración Pública. No fue concebido para los contratados (temporales), ni para los servidores de empresas y de otras entidades públicas, sujetas al régimen de remuneraciones del sector privado. Tampoco fue organizado para beneficiar a los funcionarios elegidos por mandato popular, quienes percibían dietas y emolumentos. Después el régimen fue perforado e inflado porque, gracias a sucesivas leyes y Decretos Supremos,  se acogieron a sus beneficios, variados y numerosos servidores del Sector Público, muchos de ellos de elevadas remuneraciones, sin previo análisis financieros.

En síntesis el sistema está en crisis de financiamiento básicamente porque el Estado descontó (dejó de pagar) los aportes de los trabajadores, se quedó con lo descontado (pues no lo depositó en ningún fondo, ya que el Estado no creó ese Fondo) y no pagó tampoco su contribución como Empleador. Eso es lo que, a lo largo de los años, ha producido el desbalance financiero, cada año más amplio, entre el monto de los descuentos a los trabajadores y el monto de las pensiones de Cesantía Jubilación y Montepío.

El sistema se cerró en 1962, pero el mismo Estado lo perforó, lo expandió en número de beneficiarios y en monto de las pensiones, y todo ello sin el debido estudio ni sustento financiero.

A medida que aumentaban las obligaciones del Estado en cada ejercicio presupuestal, los pensionistas “originarios”, los que tienen las pensiones más bajas y que no pasan de los 1500 soles mensuales, sufrieron una regresión en sus derechos. Desde la década de los 90 se comenzaron a otorgar incrementos remunerativos “no pensionables”, con lo cual de hecho se fueron congelando las nivelaciones. Esa distorsión frenó y estancó el desarrollo de la Carrera Administrativa, con lo cual los trabajadores de bajas remuneraciones han sido recompensados solamente con magros aumentos generales, mientras se han disparado las altas remuneraciones de los funcionarios especializados y directivos. Por eso se dice ahora que hay que arreglar el problema de las pensiones, porque si no no se podrá revisar el sistema de remuneraciones. ¿El huevo y la gallina?

Estamos ahora frente a una elevada Deuda Pública Interna, una Deuda Social. ¿A quién debemos responsabilizar de ésto?

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA:

  • Alonso, Pablo et al, República del Perú: Evaluación de la Gobernabilidad
    Democrática. BID, febrero de 2007:

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=917346

  • CLAD, UN,  Carta Iberoamericana de la Función Pública. Aprobada por la V
    Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003:

http://www.libertadciudadana.org/archivos/indice/herram2009/Carta%20Iberoamericana%20de%20la%20Funci%C3%B3n%20P%C3%BAblica.pdf

  • Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación del Personal de la Administración Pública Central. D.S. No 004-2001-TR. Informe final. Lima, 15 de julio de 2001; p. 30.
  • Cortázar V., Juan Carlos (2003) Evaluación del Sistema de Servicio Civil en el Perú.
  • Echeberría, Koldo (editor), Informe sobre la  Situación del Servicio Civil en América Latina. BID, 2006:

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=737337

  • Iacoviello, Mercedes y Laura Zuvanic, Síntesis del diagnóstico caso Perú. Pp. 421-446

[Este trabajo se basa en la revisión y actualización del diagnóstico realizado por
Juan Carlos Cortázar Velarde (2003)].

  • Neves Mujica, Javier, Pensiones, Reforma y Jurisprudencia. El D.L. 20530 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. PUCP, Fondo Editorial, 2009
  • Patrón Faura, Pedro y Pedro Patrón Bedoya, Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú. Lima,  Editora Jurídica Grijley, Octava edición 2004.
  • Perú. Congreso de la República. Proyecto UN de Reforma Constitucional del Capítulo Función Pública:

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf

 

 

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Acerca de cnmalpica

carlos@malpica.net http://www-slideshare.net/carlosmalpicafaustor Peruano. Profesor, Investigador, Especialista y Consultor Internacional en Administración y Planificación de la Educación; Planificación del Desarrollo Económico y Social; Reforma de la Administración Pública; Gestión Pública, y Desarrollo de Capacidades Nacionales. Ha dirigido visitas de estudio, misiones oficiales, cursos y consultorías en 40 Estados Miembros de América Latina, Estados Unidos de América, Europa, Asia, África y Estados Árabes. Lenguas de trabajo: Castellano, Inglés y Francés. Egresado de la primera promoción (1953) de La Cantuta (hoy Universidad Nacional de Educación - UNE), con estudios de especialización y postgrado en las Facultades de Educación de las Universidades de Puerto Rico, Chile y Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia docente en Educación Secundaria, Normal, Superior y Universitaria. Ex-funcionario de la Alta Dirección del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de Planificación - INP, de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, de la CRYRZA y del Instituto Nacional de Administración Pública - INAP. Representante del Perú en numerosas misiones oficiales en el exterior. Ex-funcionario de la UNESCO (París 1979-1993) en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación - IIPE (Investigador, Asesor y Director de la Formación). Consejero ad honorem de la Delegación Permanente del Perú ante la UNESCO (París, 1993-1995). Ex-Asesor del Viceministro de Relaciones Exteriores, ex-miembro del Consejo Nacional de Educación, ex-Coordinador de la Comisión Presidencial de Educación y ex-Ministro de Educación (2003-2004). Actualmente: miembro de “Foro Educativo”; de la "Asociación Civil Presidente Ramón Castilla" para la Reforma del Estado y la Modernización de la Administración Pública (Presidente fundador); de la "Comisión Nacional de Asesoramiento Institucional del Colegio de Profesores del Perú - CPPe" (Coordinador); de la Asociación Civil Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación - IGEPE" (Presidente). Ha publicado libros, informes de investigación, artículos y documentos técnicos sobre Experiencias Nacionales de Planificación Económica y Social, Administración Pública, Descentralización y Evaluación del Desarrollo, y sobre la formulación y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Estratégicos de Educación. Ver: http://cnmalpica.wordpress,com/ Distinciones: "Palmas Magisteriales del Perú" en el Grado de Comendador; "Orden Andrés Bello" del Gobierno de Venezuela; “Profesor Honorario” de la Universidad Nacional de Educación; “Medalla a la Integración Simón Bolívar” de la CIPIS de Brasil; "Laureles Educativos" de la Confederación Nacional de APAFAS del Perú; "Doctor Honoris Causa" de la Confederación Mundial de Asociaciones de Padres de Familia; Profesor Honorario de la University of Silvaner Inc. de Panamá.
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